El "Cuarto de Junto": El club privado que negocia el TPP.

A finales de 2012 se celebró en Nueva Zelanda la 15a. Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). La primera en la que participa México como país negociador. Como ya lo he mencionado anteriormente, el TPP es un acuerdo de libre comercio que es negociado prácticamente en secreto pero que, gracias a la filtración de algunos capítulos del texto, representa un grave riesgo para los derechos humanos, incluyendo en el entorno digital, pues se sugiere la adopción de medidas incluso más restrictivas que las que incluye el Acuerdo Comercial Anti-Falisificación (ACTA).

Del comunicado difundido por la Secretaría de Economía (SE) acerca de la participación de la delegación mexicana en Nueva Zelanda destaca un párrafo en el que hace alusión a consultas realizadas con "miembros del sector productivo" a través de un mecanismo denominado "cuarto de junto".

"Adicionalmente, asistió el llamado "cuarto de junto, con representantes del sector productivo mexicano (...) con quienes en todo momento se mantuvo una comunicación estrecha, con el fin de mantenerlos oportunamente informados, y que a su vez pudiesen retroalimentar con sus insumos al proceso de negociación.

En este sentido, la Secretaria de Economía seguirá trabajando, con otras entidades del Gobierno Federal y con los sectores productivos nacionales, para continuar la defensa de la postura e intereses de México en la próxima ronda de negociaciones (...)" 

 No es la primera vez que la SE hace referencia al "cuarto de junto". En el Informe que envió al Senado también se hace referencia a él y cómo Pepe Flores nos informa, no es la primera vez que la SE ostenta reuniones con la élite empresarial de México.

Pero ¿quién conforma ese grupo de personas a las que la SE da un trato preferencial, otorga información privilegiada y tiene semejante incidencia en la definición de la "postura e intereses de México"?

Con la intención de responder a esa pregunta realicé una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Economía y esta fue la respuesta:

En resumen la SE indica que:

1. El "cuarto de junto" es un "grupo de expertos del sector privado que acompañan al grupo de negociación del gobierno mexicano".
2. Los "expertos" del "cuarto de junto" los define la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) que deriva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).
3. A través del "cuarto de junto" la SE "comparte información con el sector productivo nacional, incluyendo los intereses y sensibilidades, así como la información que se va generando al momento en la negociación. 
4. La SE considera información confidencial el nombre de las personas que forman parte del "cuarto de junto". 
5. La SE delega la composición del "cuarto de junto"a la COECE, CCE y la CONCAMIN. Son ellos los que definen quién tiene acceso a información privilegiada y quién no.
6. El "cuarto de junto" tiene "acceso para conocer e estado que guardan las negociaciones" pero "los textos no se distribuyen al sector privado".
7. El "cuarto de junto" obtiene acceso a "los principales detalles técnicos en los que se encuentra negociando el Gobierno de México para solicitar, en su caso, apoyo del equipo de expertos de la COECE, que sea en el mejor interés de nuestro país.
8. No existe algún acuerdo de confidencialidad, pero la SE considera que "la información técnica compartida con los responsables del sector privado se mantiene en carácter de reservado. (Reservado para todo el mundo, menos para "los expertos del sector privado"¬¬)
9. Las opiniones del "cuarto de junto" sirven para "definir la posición de la delegación gubernamental mexicana".
10. A la 15a ronda de negociaciones acudieron 23 funcionarios de gobierno (ver nombres y puestos en la respuesta completa). Los gastos erogados en dicho viaje "están en comprobación" por eso no fue entregada de manera completa. Pero sólo en boletos de avión, se gastaron $885,842.00 pesos. 

La SE parece reconocer cómodamente que el Gobierno de México hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos de primera, aquellas personas designadas por el lobby y la élite empresarial para proteger sus intereses particulares. Ciudadanos de segunda, todos los demás, incluidas las organizaciones de los sociedad civil, a quiénes en Nueva Zelanda las puertas les fueron cerradas para informar a las delegaciones sobre los graves perjuicios al interés público que representa el TPP. 

Para la SE, son ciudadanos de segunda, incluso aquellos Senadores, como el Senador del PRD, Armando Ríos Piter (Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial), que ha formulado opiniones favorables al TPP, pero que, unos cuantos tweets después, ha tenido que reconocer que no conocen el texto, los detalles de la negociación o los graves riesgos que el TPP representa para el interés público.

Como secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, estoy muy interesado en que México tenga un nuevo liderazgo en el #TPP
— Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) enero 17, 2013

@postacta @apisanty @omondra no conozco el texto, pero dada la dinámica del comercio intl puede ser una oportunidad para el sur del país
— Armando Ríos Piter (@RiosPiterJaguar) enero 17, 2013

O como la Senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) que ha informado de la actitud omisa de la SE al responder un punto de acuerdo relativo al TPP.

La respuesta d la Secretaría d Economía al Punto de Acuerdo relativo TPP resulta absolutamente omisa,no da respuesta a los cuestionamientos
— Iris Vianey Mendoza(@irismmendoza) January 10, 2013

La situación de discriminación en la forma en la que la SE comparte información con algunos y la oculta con otros, además de ser ilegal (la información no puede ser reservada para unos ciudadanos y pública para otros ciudadanos), afecta de manera grave el interés público. Es imperativo que la SE, hacia adentro, sea transparente con todos, sin privilegios y diseñe mecanismos incluyentes para compartir información e incidir en las posiciones de México en las negociaciones. Y hacia afuera, exija a los otros participantes en la negociación del TPP igual trato a todas las organizaciones interesadas, especialmente aquellas interesadas en salvaguardar el interés público, en contraposición de aquellas que solamente buscan la protección de sus intereses privados, inclusive a costa de ese interés público, y que son las que actualmente poseen de un acceso privilegiado a las negociaciones.

El Senado de la República debe asumir un papel fundamental en esta tarea, lejos de fungir como aplaudidor del ejecutivo, debería ocuparse en garantizar que la negociación sea transparente y todas las voces tengan la oportunidad de incidir en "la definición de la posición gubernamental mexicana".

Aquí la respuesta completa a la solicitud de acceso a la información:

Solicitud de Informaci�n TPP -

La Secretaría de Economía envía al Senado informe sobre el TPP. Transparencia YA!

Unos días antes de que acabe el sexenio la Secretaría de Economía envió un Informe a la Cámara de Senadores sobre el Inicio de Negociaciones Formales del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre México y los Países del TPP.

Este nuevo informe no es muy distinto del Informe sobre la invitación para incorporarse a las negociaciones del TPP enviado al Senado en Septiembre. Repite los mismos argumentos exagerados sobre los potenciales beneficios a la economía que justifican el interés en ser parte del TPP, al mismo tiempo que ahora advierte de las graves "consecuencias de no hacerlo".

El informe también refleja (cínicamente) el opaco y discriminatorio proceso de negociación y consultas en el que queda claro que el TPP es negociado por y para el sector privado, sin que la Secretaría de Economía siquiera contemple a organizaciones de la sociedad civil:

"... la Secretaría de Economía ha mantenido contacto estrecho y constante con los representantes del sector privado mexicano, a fin de presentar los beneficios y las implicaciones estratégicas de que México participe en las negociaciones de este esquema comercial regional.

El mecanismo establecido para el diálogo directo entre la Secretaría de Economía y los sectores productivos nacionales, es el denominado "cuarto de junto", el cual tiene la finalidad de estrechar las consultas a nivel técnico para puntualizar intereses y/o sensibilidades de los sectores involucrados..."

El informe también revela que el Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig (@derosenzweig), se reunió con integrantes de las Comisiones de Comercio y Relaciones Exteriores para America Latina del Senado para "brindar mayor detalle del proceso de incorporación de México al TPP". 

Es importante que el Senado de la República no sea mero espectador del proceso de negociación del TPP y exija al gobierno de México que se transparente lo más pronto posible el proceso de negociación del TPP, incluido el texto del acuerdo, además de que en los procesos de consultas (el "cuarto de junto") se incluyan a otros sectores de la sociedad civil, no sólo a "los sectores productivos", en tanto los potenciales efectos del TPP son de interés público, no solamente del interés de un club privado de industrias. 

Alegando la Ley Federal de Transparencia (sic), la Secretaría de Economía no provee mucha información sobre el contenido del TPP, pero enlista los grupos de negociación y revela algunos objetivos de negociación. Algunos grupos de negociación que resultan potencialmente preocupantes para el interés público son:

Propiedad Intelectual: Del capítulo sobre Propiedad Intelectual se puede desprender muy poco nuevo, sólo se confirma la inclusión de medidas sobre "denominaciones de origen". Sin embargo, de textos filtrados se desprende la intención de adoptar medidas incluso mas restrictivas que ACTA, por lo tanto la preocupación que levanta este capítulo es extrema. 

Comercio Electrónico: El informe no dice mucho, sólo que pretende "fomentar la economía digital y asegurar que los obstáculos que consumidores y empresas enfrentan en este medio de comercio sean abordados". Es importante conocer a que tipo de "obstáculos" se refieren los países negociadores y si esto puede llevar a medidas restrictivas de "cyberseguridad".

Medio Ambiente: Resulta particularmente extraño y preocupante la inclusión de un capítulo sobre Medio Ambiente en un tratado comercial. Sugiere la intención de las corporaciones de secuestrar y asegurar que sus intereses económicos no se vean afectados por medidas para la protección del medio ambiente que puedan adoptar los países o que sean acordados en organismos multilaterales en donde el interés público se encuentra mayormente resguardado y representado en procesos que incluyen a más actores y no sólo a las corporaciones. 

Comercio y Trabajo: El informe señala que el objetivo de este capítulo es el de "promover la adopción, mantenimiento y aplicación de leyes laborales que garantice la protección de los derechos laborales en cada uno de los países, las cuales no podrán ser derogadas para facilitar y fomentar el comercio y la inversión". Sin duda resulta del mayor interés público el conocer si las medidas que se negocian en este apartado son para "garantizar la protección de los derechos laborales" o más bien para garantizar que los derechos laborales no se conviertan en obstáculos para las ganancias de las corporaciones. 

Inversiones: Lo más relevante de este capítulo, (cuyo texto preliminar ya ha sido filtrado) es que se plantea un mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado. Este tipo de mecanismos ha sido utilizado por inversionistas para demandar Estados que adoptan medidas en aras del interés público, como impuestos especiales a cigarros o a bebidas edulcorantes. México, por virtud del TLCAN, es parte de un mecanismo de este tipo y ha sido obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones por la adopción de medidas tomadas en cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los perjuicios derivados de este tipo de mecanismos han llevado a países como Australia a rechazarlos, algo que México debería imitar.

Otros capítulos como Agricultura, Medidas Sanitarias y Telecomunicaciones también pueden representar riesgos para al interés público. Por lo tanto es imperativo que el proceso de negociación internacional y las consultas internas sea transparente e incluya múltiples actores de la sociedad civil, no sólo las corporaciones. El Senado y el nuevo gobierno deben exigirlo a los otros negociadores y garantizarlo a la ciudadanía mexicana.

Mientras tanto la ciudadanía debe permanecer alerta, informarse y organizarse para lo que parece indicar será la más importante batalla entre las corporaciones y el interés público. Lo inmediato es exigir se transparente el texto del TPP y podamos empezar a debatir los graves riesgos que su adopción representa a través de mecanismos en donde todas las voces estén representadas. 

¿México ya se salvó de ACTA?

El 22 de Junio de 2011 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que:

“exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, instruya a las Secretarías y Dependencias involucradas en las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), a no firmar dicho Acuerdo.”

Sin duda, el exhorto hecho por la Comisión Permanente era digno de celebrarse, pues significó una victoria de aquellos que advirtieron y presionaron al Senado de la República respecto del peligro que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) representa para los derechos de todos los mexicanos.

Posteriormente el 6 de Septiembre de 2011 el grupo plural de trabajo para dar seguimiento a las negociaciones de ACTA presentó sus conclusiones al Pleno del Senado, luego de varias rondas de comparecencias, en donde los ciudadanos ganaron con argumentos el debate sobre ACTA. Las conclusiones son contundentes, las disposiciones de ACTA son contrarias a la Constitución. El Pleno del Senado en consecuencia reiteró, POR UNANIMIDAD, el exhorto hecho por la Comisión Permanente y solicitó de nuevo al Ejecutivo, no firmar ACTA.

En este punto, muchos respiraron con alivio. Ya nos salvamos de ACTA, dijeron. El hecho de que el 1 de Octubre de 2011 México no estuviera en la ceremonia de firma del tratado en Japón, parecía confirmar la tranquilidad. La Comisión Europea y 22 países europeos firmaron ACTA el 26 de Enero de 2012. Esto (además de la ola de SOPA) ha reavivado el debate sobre ACTA, sobre todo en los países Europeos. La noticia agarró a los mexicanos más concentrados en la Ley Döring o en la iniciativa del IMPI (con justa razón), noté cierta indiferencia a ACTA, noto cierta confianza en que en México ya la libramos, al menos de ACTA.

Desgraciadamente, esto no es así. ACTA está herido en México, pero no muerto. ¿Por qué?

En México, de acuerdo a los artículos 76 I, 89 X y 133 de la Constitución, el Presidente de la República posee la facultad exclusiva de suscribir tratados internacionales y el Senado de aprobarlos una vez que estos son sometidos al mismo por el Ejecutivo. Tanto el punto de acuerdo de la Comisión Permanente, como la conclusiones aprobadas por el pleno del Senado, exhortan al Ejecutivo a no firmar, un exhorto es una llamada a misa, el Presidente puede hacer caso o no.

¿Tendrá Felipe Calderón la intención de firmar? Hace unos días el jefe negociador de Europa, Pedro Velasco Martins, afirmó que:

“No veo porque no lo firmaría. México es parte de ACTA porque su gobierno decidió participar en las negociaciones”.

Muchos desestimaron el dicho como un engaño, criticaron a Velasco por hablar sin tener información. ¿O será que él tiene más información?

No suena descabellado. El IMPI, quién fungió como negociador de México, a continuado con el procedimiento que establece la Ley de Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. El 4 de Octubre de 2011 (después del Punto de Acuerdo y las conclusiones del GT ACTA), la Secretaría de Economía envió al Senado el informe sobre el resultado final de las negociaciones de ACTA. Sin duda, no puede descartarse que Calderón suscriba ACTA en estos meses finales de su sexenio. No tiene nada que perder. En caso de que lo firme, sin duda sería después de las elecciones, para permitir que sea una nueva composición del Senado la encargada de analizar la aprobación de ACTA.

Por otro lado, ACTA, palidece ante otras propuestas, como la Ley Döring (que no parece tener futuro en esta legislatura) y peor aún, el IMPI el 16 de enero de 2012 presentó al Senado un “proyecto de iniciativa” (eso no existe, si el Ejecutivo lo desea, que presente la iniciativa como tal) que sugiere medidas que en ACTA se desecharon en versiones preliminares del texto. También está latente la posibilidad de que México se adhiera al proceso de negociación del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP). El Gobierno de México ya mencionó en dos ocasiones su voluntad de participar, una de ellas hace unos días en donde Calderón personalmente expresó su deseo de ser parte del TPP en Davos. Según los primeros reportes, el TPP pinta para ser “ACTA 2: El imperio contraataca”. Por lo pronto se negocia en secreto, y lo poco que se ha filtrado del texto indica medidas mucho más agresivas que ACTA.

Sin duda no se puede bajar la guardia ante Ley Döring, Iniciativa IMPI y TPP. Pero tampoco respecto de ACTA. El riesgo de que Calderón (o el próximo presidente) lo firme es real, y el riesgo de que el próximo Senado apruebe el tratado también. Sin duda lo alcanzado hasta ahora sirve mucho, las conclusiones del GT ACTA serán un insumo para seguir dando la pelea, pero esto aún no se ha acabado. ¿Que hacer?

Creo que es importantísimo poner el debate sobre Internet, Derechos Humanos y Propiedad Intelectual (Y en concreto ACTA) como tema de campaña, tenemos que presionar a los candidatos a Presidente y a Senadores sobre el tema, tenemos que registrar su postura, y hacerlos rendir cuentas.

Por otro lado es necesario presionar al presidente Felipe Calderón para que no firme, o al menos para que clarifique si va a firmar o no. No nos vayamos a despertar un día de aquí al 1 de Diciembre de 2012 con la sorpresa de que Calderón nos regaló, como último acto de indecencia (como presidente), su firma en ACTA.

No hay que bajar la guardia.